Mujeres en lucha por la defensa de la vida contra las violencias y asedios extractivistas en México

Texto de Mina Lorena Navarro Trujillo 1

Doctora en Sociología y Profesora-investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego" de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México

Por la memoria viva de Guadalupe Campanur, comunera de Cherán

 

El 19 de enero de 2018 salió a la luz pública la noticia de que Guadalupe Campanur, mujer p´urhépecha, comunera en defensa de la vida y de los bosques y participante de la lucha por la autonomía de Cherán, había sido torturada sexualmente y encontrada sin vida, en el municipio de Chilchota en Michoacán. La noticia me cimbró y angustió. Yo no la conocía personalmente, aunque su nombre lo había escuchado, entre las distintas menciones al importante rol que las mujeres de Cherán han jugado en el proceso autonómico de su territorio y sus modos tan audaces de poner el cuerpo ante la explotación de su bosque y la violencia de los talamontes y el crimen organizado.

Días después, Carolina Márquez, una amiga muy cercana a 'Lupe', -como su red de familiares y amigos, le decían-, nos convocó a sumarnos a la Campaña #JusticiaParaLupita #TodasSomosLupeCampanur ¡Nuestra lucha es por la vida!, llamando a que su feminicidio no quedara impune, que la justicia se apegara a los protocolos internacionales, a que no se minimizara su feminicidio por enjuiciar moralmente su vida  y solicitando protección para todas las personas cercanas, dispuestas a contribuir con el esclarecimiento de los hechos. Adicionalmente, nos convocó el 18 de febrero, y sucesivamente cada mes, a que todas las que pudiéramos nos encontráramos en nuestros territorios para "Bordar su nombre", como "una manera de dignificar su vida, de exigir justicia y al mismo tiempo, de conectarnos con algo que ella disfrutaba". Como muchas otras colectividades lo vienen haciendo en todo el país a partir de la muerte y desaparición de sus seres queridos por la llamada "Guerra contra el narcotráfico", la convocatoria a bordar en esta ocasión, también era una forma de tejer un vínculo colectivo capaz de habilitar la palabra y la escucha, y sostener una lucha por la justicia y contra el olvido de Lupe.

En Puebla, desde el Seminario de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político 2, profesoras y estudiantes nos sumamos al llamado de "Bordar su nombre" y decidimos lanzar un espacio de pensamiento colectivo con amigas de Lupe, compañeras de Radio Comunitaria Zacatepec, lxs Defensores del Río Ajajalpan y de Makxtum Kgalhaw, -luchas en defensa de la vida de la Sierra Norte de Puebla- y compañeras investigadoras que vienen reflexionando sobre las violencias contra las mujeres en México 3. Así, El 22, 23 y 24 de agosto de 2018, nos reunimos en el "Encuentro de Entrelazamiento desde la Reflexión: Mujeres en defensa de la vida y contra las violencias y los despojos múltiples. En memoria de Lupe Campanur, a 7 meses de su femincidio". Durante esos días, a partir de bordar su nombre, pensarla y evocarla, exploramos la importancia de poner en común nuestras experiencias y conocimientos para producir una mirada que, en medio de la fragmentación y la separación de las luchas entre el campo y la ciudad, conectara las distintas violencias que nos afectan y contra las que nos defendemos y luchamos. En lo indivisible de la violencia, reconocimos la dimensión común de nuestras luchas y la importancia de extendernos entre puentes. También, encontramos palabras para nombrar los agravios y ensayamos formas de enunciar y elaborar los dolores debajo de la piel. Mover el dolor y "ponerlo a trabajar" nos conectó con una forma de politizar nuestra vulnerabilidad y abrir un más allá del impotente y desolado lugar de la víctima. Intercambiamos modos de reconocer y desactivar los mandatos y los pactos patriarcales que buscan codificar en clave de culpa nuestros deseos, desacatos y el sentido libertario de nuestras acciones. Al momento de preguntarnos por la justicia que necesitamos, coincidimos que la producción de sentido es un terreno estratégico de la disputa, por lo que es vital poner en juego nuestras capacidades para nombrar, interpretar lo sucedido y tejer una memoria crítica desde nuestras indisciplinas y rebeldías.

Siguiendo el hilo de lo que en aquellos días conversamos, en este texto me propongo analizar algunas de las aristas de las múltiples luchas que las mujeres están desplegando en sus territorios, para enfrentar las lógicas violentas y depredadoras contra ellas y sus tramas de interdependencia. En particular, exploro la producción de un protagonismo femenino en las luchas socioecológicas, encarnado en aquellas mujeres que defienden sus territorios asediados y afectados por los regímenes extractivistas.

Para lograr lo anterior, busco comprender las condiciones históricas de conflictividad en las que se inscriben y despliegan estas luchas, analizando la relación entre extractivismo y violencia. Me interesa saber cómo la violencia, como parte de un complejo civilizatorio capitalista-patriarcal y colonial, se intersecta con las necesidades de la acumulación del capital en los territorios amenazados y afectados por el extractivismo. El entendimiento de estas condiciones se cruza con el esfuerzo por explorar las capacidades políticas de las mujeres en lucha y los alcances por conservar y también transformar los términos de la interdependencia en sus tramas comunitarias y territorios de vida.

Violencia y regímenes extractivistas en la geografía del Abya Yala

La ofensiva extractivista que hoy asedia los territorios y medios de vida (Seoane, 2012: 123 y Composto, Navarro, 2014: 48), tiene largas raíces históricas, en tanto es una lógica de valorización (Gago, 2019: 99) que se remonta a los tiempos de la conquista y al saqueo de Abya Yala, y que en las últimas dos décadas se ha intensificado y privilegiado en todos los países de América Latina, con el llamado Consenso de los Commodities 4 (Svampa, 2013), profundizando aun más la posición colonial, periférica, dependiente y subordinada del continente en el sistema mundo.

El extractivismo como lógica de valorización se operativiza a través de un régimen económico, pero también político (Gago, 2019), enfocado en organizar y regular las estructuras económicas, socio-territoriales y de poder para la sobre-explotación exportadora de naturalezas 5 (Machado, 2019). La lógica extractivista de valorización reconfigura radicalmente las corporalidades y territorialidades asediados, las subjetividades y las estructuras del sentir de las poblaciones afectadas (Williams, 1980), re-produce un particular metabolismo de flujos de energía, agua y materia de acuerdo a las demandas del mercado capitalista mundial (Terán: 2018: 324).

En las historias de asedio y afectación por el extractivismo, se hace evidente cómo la violencia y el despojo aceitan esta lógica de valorización. A pesar de que las narrativas estatales y empresariales buscan ocultar la violencia del extractivismo, y explicarla cuando ésta no puede esconderse más, como efecto colateral, anomalía, excepción o accidente, las poblaciones afectadas han logrado visibilizar que la acumulación del capital no es posible sin la apropiación violenta de las naturalezas.

Por distintos caminos, la Ecología Económica, el Ecofeminismo o la Economía Feminista, han llamado la atención sobre las formas en las que la dinámica capitalista externaliza sus contenidos destructivos. En la Economía neoclásica, las llamadas externalidades no son otra cosa que los "efectos no contemplados" de los procesos de producción, tal es el caso de la contaminación que invariablemente generan los procesos industriales sobre los ecosistemas aledaños a sus espacios de operación. Si las empresas valorizaran y pagaran los daños ocasionados, sus ganancias disminuirían ostensiblemente. No es casualidad que las narrativas con las que avanzan los proyectos extractivistas, con sus rasgos patriarcales y coloniales, busquen invariablemente inferiorizar y devaluar las relaciones comunitarias, codificándolas como premodernas y salvajes y a los territorios y ecosistemas como ociosos, vacíos y por ende, sacrificables en aras de la razón y el progreso. En ese sentido, las externalidades son todo menos fallos o accidentes, son más bien éxitos en la transferencia de costos y garantía de que las ganancias capitalistas se alcanzarán (Martínez Alier, 2008:11).

Ciertamente, en los últimos 5 siglos, asistimos al avance de un complejo capitalista-patriarcal y colonial que ha buscado civilizar el mundo, a partir de reducir la complejidad socioecológica y convertir los dualismos y las diferencias en jerarquías, imponiendo una visión binaria que niega la pluralidad y organiza el mundo en pares antagónicos, opuestos, excluyentes y no simultáneos (cultura-naturaleza, hombre-mujer, masculino-femenino, producción-reproducción, racionalidad-mente, afectividad-cuerpo, público-privado, razón-práctica), inaugurando y justificando relaciones opresivas de erradicación, inferiorización, devaluación, naturalización y feminización (Segato, 2016; Fraga, 2013).

Así, el rasgo determinante de la modernidad son las sucesivas 'separaciones' o 'particiones' del mundo de lo 'real' (Lander, 2003; De Angelis, 2012; Navarro y Gutiérrez, 2018), esto es, la separación del orden humano del resto de las especies no humanas, mediante el despliegue de una racionalidad contra natura, de la mano de la ciencia y la tecnología, en la que la llamada naturaleza ha quedado codificada como objeto colonial de dominio y materia prima del proceso productivo, desconociéndose su orden complejo y ecosistémico (Leff, 2006). Simultáneamente, se han impuesto relaciones de subordinación sexo- genéricas, en la que las mujeres, a través del proceso de caza de brujas y la imposición de la pinza matrimonio-familia, como rígida organización heteronormada de la reproducción social (Gutiérrez, 1999; Tzul: 2016), han quedando confinadas al ámbito reproductivo y despojadas de sus creaciones y expropiadas de sus conocimientos y formas políticas de gestión de la reproducción de la vida (Federici: 2013, Gutiérrez, Reyes, Sosa, 2017), lo que es parte de una gran proceso de separación de las tramas comunitarias de sus medios de existencia y su consecuente explotación como trabajadores formalmente libres y proletarizados.

Llegado este punto, resulta evidente que el análisis de los actuales regímenes extractivistas en América Latina, como densas formaciones socio-geo-económicas, no puede desligarse de la estructuración histórica y a la vez actualizada de este complejo civilizatorio de violencia capitalista-patriarcal y colonial.

Desde esta perspectiva, diríamos que la actualidad de los regímenes extractivistas en los tiempos de la acumulación en su fase neoliberal, se basa en la intensificación de las dinámicas de mercantilización mediadas por múltiples y crecientes recursos de violencia y el reforzamiento del poder de la clase capitalista, estructurada en un complejo institucional que abarca a Estados, grandes corporaciones transnacionales y organismos multilaterales, los cuales funcionan bajo la subordinación estricta del capital financiero, al que responden como sus resortes gerenciales (Machado, 2019: 9 y Duménil y Lévy, 2012, citado en: Machado 2019).

Desde esa lógica, los gobiernos latinoamericanos, más allá de su signo político, han buscado garantizar la extracción de materia y energía que satisfaga las necesidades de las dinámicas capitalistas, apelando discursivamente al enaltecimiento del extractivismo como vía necesaria para que las naciones abandonen su condición de subdesarrollo y se integren a la modernización en marcha. La exportación de bienes primarios es la ventaja comparativa que hay que aprovechar, reza la consigna, sin importar los costos socioecológicos, externalizados que muy prontamente han podido verificarse en los procesos de desposesión y desplazamiento de las poblaciones y en la degradación irreversible de los territorios sacrificados (Navarro, 2015b).

El correlato de esta tendencia predatoria, -oscurecida por una narrativa que promueve y enaltece la magia de un desarrollo sin consecuencias-, es la emergencia de un tejido de luchas contra el extractivismo que vienen visibilizando y denunciando las afectaciones socioecológicas de este patrón productivo sobre sus modos y medios de vida. A través de estas voces se viene constatando la relación directamente proporcional entre violencia y extractivismo, que se evidencia en la degradación biocida de las capacidades autoregulativas de la trama de la vida, en la desestructuración del tejido social e instancias comunitarias para decidir y normar la vida colectiva, el despojo de medios de vida para garantizar la subsistencia, la polarización y división al interior de los entramados comunitarios, el endurecimiento de los contextos de criminalización, el incremento de los asesinatos a activistas ambientales, la violencia machista contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión (Composto, Navarro, 2014; Carvajal, 2016; Gutiérrez y Navarro, 2019).

En México, esta violencia se ha intensificado en los últimos años con la llamada "Guerra contra el narcotráfico" iniciada por Felipe Calderón, y continuada por Enrique Peña Nieto. Actualmente con el gobierno de la Cuarta Transformación, está por verse cómo se hace efectivo "el fin de la guerra contra las drogas" anunciado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y los resultados de las políticas de prevención del delito, justicia transicional y la creación de la Guardia Nacional, que hasta el momento ha sido duramente cuestionado. En este contexto, miles de familiares han estado exigiendo al Estado mexicano, la búsqueda y aparición con vida de las más de 61 mil vidas humanas, víctimas de desaparición forzada, desde el 2006, según lo reporta el nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). En el informe "The War Report 2017" se documenta cómo la violencia que padece México, corresponde con la de un "conflicto armado no internacional en el que la cantidad de víctimas ha sobrepasado la de guerras pasadas y podría exceder las de los principales conflictos armados actuales (Sin embargo, 2018).

Ciertamente, más allá del discurso oficial, organizado desde 2006, que justifica esta guerra como una lucha contra el crimen organizado, la socióloga y periodista Dawn Paley, sostiene que se trata de una guerra neoliberal para garantizar la acumulación del capital mediante una estrategia de contrainsurgencia ampliada para legitimar y normalizar la militarización, la violencia y el terror, como estrategias de dominación y sumisión de la población (Paley, 2016).

En el marco de esta guerra, se hace cada vez más visible la alarmante escalada de violencia estatal y paraestatal contra las y los defensores de aquellos territorios o medios de vida asediados. En su más reciente informe, Global Witness da cuenta en 2016 de, por lo menos 200 personas defensoras asesinadas, mayoritariamente indígenas de América Latina, por conflictos ligados al sector de la minería. Esta misma organización señala que lamentablemente no se produce suficiente información desagregada sobre el número de mujeres defensoras de los territorios que son víctimas de ataques por su labor, pero que sin embargo, es claro que sufren impactos diferenciados y que el escarmiento comunitario que se experimenta con ocasión de dichos ataques, requiere de una mayor atención Global Witness, 2017). En el Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, presentado en 2016 a la Asamblea General de las Naciones Unidas se señala que las defensoras:


se enfrentan a una serie de desafíos, incluidos los relacionados con la exclusión de la participación en

los procesos de negociación y adopción de decisiones; la criminalización, que se utiliza como estrategia

política para impedir la resistencia y deslegitimar su labor; las campañas de desprestigio contra ellas en

los medios de comunicación; y la discriminación y violencia que sufren en el seno de sus familias, sus

comunidades y en los movimientos en favor de los derechos humanos.
 

Dentro de los casos de violencia más extrema contra mujeres defensoras de sus territorios en América Latina, se encuentra el brutal asesinato de Berta Cáceres, mujer indígena lenca, asesinada el 3 de marzo de 2016, en el contexto de la resistencia de su pueblo y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras- COPINH a la implementación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Nilce de Souza, referente del Movimiento de las Personas Afectadas por las Represas (MAB), de Brasil, desapareció el 7 de enero de 2016 en Paraná, y su cuerpo fue encontrado cinco meses después en el lago construido por la presa con signos de violencia. El feminicidio ocurre en el contexto de resistencia a los impactos de la Hidroeléctrica Jirau. Macarena Valdés, asesinada el 22 de agosto de 2016, aunque las autoridades policiales se precipitaron en presentar el caso como un suicidio, su asesinato se trató de un feminicidio ocurrido por su liderazgo en la resistencia comunitaria a la instalación de redes eléctricas de la Empresa Austro-chilena RP Global Chile Energías Renovables S.A (Carvajal, 2016: 16-18). Maricela Tombé asesinada en 2016, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Brisas, y presidenta de la Asociación Campesina Ambiental de Playa Rica (Ascap), de El Tambo, Colombia. Yaneth Alejandra Calvache Viveros, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Balboa, Cauca Colombia, fue asesinada en 2016 por desconocidos en su casa. Bernicia Dixon Peralta de la comunidad indígena Miskitu asesinada en 2016 en medio de un conflicto por el desconocimiento oficial de la propiedad indígena sobre sus tierras ancestrales en Nicaragua (Global Witness, 2017).

En México, entre los casos más conocidos de violencia extrema, hacia mujeres vinculadas con alguna lucha en defensa del territorio, se encuentra el de Alberta "Bety" Cariño asesinada en 2010, cuando los paramilitares emboscaron la caravana en la que ella participaba junto con Jyri Antero Jaakkola, también acaecido, en su camino a la comunidad indígena autónoma de San Juan Copala, que había estado bajo un bloqueo de los paramilitares aliados con el gobierno del estado de Oaxaca (Salazar, 2016). En 2012, Fabiola Osorio Bernáldez, integrante de la organización Guerreros Verdes, fue asesinada por un grupo de hombres armados que llegó a su domicilio y la acribilló junto con una vecina que se encontraba con ella. Fabiola había participado férreamente contra la construcción del proyecto turístico, Muelle de Pie de la Cuesta, a desarrolarse en un manglar de la Laguna de Coyuca, bello refugio natural a 22 km del Puerto de Acapulco (El País, 2012). En 2012 Juventina Villa Mojica, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de Petatlán y Coyuca de Catalán del estado de Guerrero, fue asesinada junto con su hijo de 17 años por un grupo de 30 a 40 hombres armados. Su asesinato ocurrió cuando pretendía encabezar el éxodo de 45 familias de La Laguna que se desplazarían a la comunidad de Puerto de las Ollas, a fin de refugiarse del acoso al que habían estado sometidas por paramilitares y talamontes (Ocampo, 2012). Y más recientemente, en enero del 2018, el ya mencionado feminicidio de María Guadalupe Campanur Tapia, comunera del municipio autónomo de Cherán (Della Colleta, 2018).

A partir del análisis y visibilización de la violencia que enfrentan las mujeres y defensoras de los territorios, en distintas investigaciones e informes académicos y periodísticos se ha denunciado su contenido contrainsurgente (Carvajal, 2016; Belausteguigoitia y Saldaña- Portillo, 2015). En otras palabras, se trata de una violencia que busca agredir, disciplinar, estigmatizar, atacar y hasta asesinar a las mujeres, como una respuesta contra la insubordinación, indisciplina o incumplimiento del rol de género que socialmente se espera de ellas (amas de casa-madres), y como un mensaje para ejercer una forma de control sobre el territorio, a partir del dominio de sus cuerpos. 6

Las luchas múltiples de las mujeres en defensa de la vida: protagonismos femeninos

En medio de los impactos del extractivismo en los territorios amenazados y afectados, ha ido creciendo el mapa de resistencias en todo la geografía nacional, protagonizadas principalmente por comunidades indígenas y campesinas, y otros procesos de autoorganización de habitantes o afectados ambientales en las ciudades. Un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM ha identificado al menos, 560 conflictos socioecológicos en el periodo de 2012 a 2017. Estos conflictos fueron mapeados, geo-referenciados y clasificados en diez categorías según la problemática. La lista la encabezan los conflictos generados por la minería (173 conflictos), seguidos por los del agua (86), de energía (74), los causados por los proyectos mega-turísticos (49), los provocados por la expansión urbana (38), forestales (37), de carácter agrícola (35), por residuos tóxicos y peligrosos (34), por la construcción de carreteras (16), pesqueros (10) y biotecnológicos, básicamente por la introducción de maíz y soya transgénicos (8). Cada conflicto supone la afectación de núcleos humanos y de sus recursos locales, tales como problemas de salud, invasión o desposesión de territorios y propiedades, destrucción de bosques y selvas, contaminación de aire, suelo o agua, disrupción de cuencas y sus sistemas hidrológicos, afectación de mantos freáticos, lagunas, ríos o lagos, destrucción de fauna y flora y daños a los sistemas agrícolas, ganaderos y pesqueros (Toledo, 2018).

Una tendencia que hemos podido obervar en los procesos de resistencia, es que la llegada de los proyectos de despojo se experimenta como el arribo de un tiempo que pone en peligro la vida y su reproducción (Composto, Navarro 2014, Navarro, 2015, Linsalata 2016). Un tiempo que activa un sentido colectivo de emergencia y afectación, y en el que se re-tejen formas de enlace preexistentes con posibilidad de poner en pausa provisional las diferencias políticas, religiosas, agrarias, que han venido erosionado los vínculos desde tiempos añejos. También, de manera simultánea se generan nuevas y a veces inéditas alianzas y acuerpamientos comunitarios, como es la emergencia de ciertos protagonismos femeninos y espacios entre mujeres que van empujando procesos críticos de reflexión, cuestionamiento y alteración de las formas de relacionamiento a nivel comunitario.

 

A continuación, en el marco de tales procesos de organización y recomposición comunitaria, no exentos de conflicto y tensión, me interesa proponer una mirada que indague en la emergencia de una politicidad protagonizada por mujeres que resisten y luchan por garantizar la sostenibilidad y la reproducción de la vida, en el contexto de la resistencia a las violencias extractivistas.

En México, como ha sido la tendencia en América Latina, las mujeres no han sido reconocidas como titulares de la tierra por derecho propio (Vázquez, 2001). Aunque en los últimos 17 años, ha habido una ligera tendencia que apunta al aumento de mujeres con derechos agrarios 7, de acuerdo con los datos del Registro Agrario Nacional, de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera tres son mujeres (Miranda, 2019).

Sin duda, estos datos evidencian que la estructura agraria en nuestro país, está diseñada para que los varones concentren el derecho al uso, usufructo y sucesión de las tierras. Sólo en limitados casos las mujeres pueden tener este acceso, ya sea mediante la herencia de un varón, -el padre o el marido-, por vía contractual o, por la constitución de nuevos ejidos, pero siempre y cuando se cuente con el previo reconocimiento de la asamblea ejidal o de comuneros, integrada mayoritariamente por hombres (De María, s/a).


Cabe aclarar que si bien el acceso legalmente reconocido de las mujeres a la tierra es minoritario, eso de ninguna manera significa que no intervengan sustancial y cotidianamente en los ámbitos productivos, además de la colosal cantidad de tareas en lo reproductivo. Esto es, aun sin derechos reconocidos, y en medio de un régimen de ocultamiento y desconocimiento de sus labores, es creciente su participación en el desarrollo de toda clase de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, para garantizar el sustento de sus familias y comunidades.

Además, en las últimas décadas, la sobrecarga de trabajo de las mujeres, se viene intensificando por las políticas neoliberales de retiro de los apoyos gubernamentales al campo, el desplazamiento de los hombres, a partir del incremento de la migración hacia las ciudades y a Estados Unidos, su integración al crimen organizado, la multiplicación del número de desaparecidos y asesinados por la llamada "Guerra contra el narcotráfico", el aumento de los despojos de los medios de vida y la criminalización cada vez más extendida de los defensores de los territorios.

Este aumento y diversificación de las cargas laborales es un fenómeno vinculado a la reproducción histórica de la división sexual del trabajo y los mandatos de género "naturales y obligatorios" bajo los cuales las mujeres aparecen como las responsables de las labores domésticas y de sostenimiento de la vida, sin que se les reconozca en ello, la realización de un trabajo productivo. Recientemente la FAO, informó que las mujeres tienen una carga de trabajo no remunerado de 68.7 horas por semana y sólo 11.4 horas de trabajo remunerado, mientras los hombres tienen 45.5 horas semanales de trabajo remunerado y sólo 23.5 horas de trabajo no remunerado, así que la brecha de género es de 34.1 horas de trabajo no remunerado (González, 2019).

Por si esto fuera poco, estas desigualdades se profundizan aun más con el avance del extractivismo, como sucede con las comunidades que han sido despojadas o limitadas de sus fuentes de sustento, como es el agua, por el desarrollo de alguna represa, proyecto privatizador o la contaminación que producen las descargas residuales de la industria o de los desechos de las ciudades. En estas situaciones, generalmente las mujeres y las niñas, al ser las responsables de abastecer el agua a sus hogares, tienen que recorrer distancias mucho más largas a las acostumbradas, o administrar con enormes apuros los ingresos monetarios, en caso de tenerlos, para comprar y hacer rendir el agua embotellada adquirida para satisfacer las necesidades más acuciantes (COMDA, 2017).

Las afectaciones a la salud humana y del ecosistema, son otro síntoma del avance destructivo que provoca la violencia extractivista. En estos casos, muchas mujeres están enfrentando mayor carga de trabajo para cuidar y ayudar a sanar a los enfermos, generalmente a costa de ellas mismas. En algunos territorios donde ya se enfrenta un grado de afectación mayor o de sufrimiento ambiental, las mujeres han comenzado procesos de trabajo preventivo y de epidemiología popular, a partir de la recuperación de saberes tradicionales y la apropiación de otros conocimientos y generación de datos e información científica para comprender las enfermedades que se padecen. Un caso sobresaliente es la investigación sobre contaminación atmosférica de micropartículas de metales pesados y pesticidas junto con la propuesta de salud preventiva que ha generado la Agrupación Un Salto de Vida, y en particular Graciela González, en la zona conurbada de Guadalajara, en el contexto del desastre socioambiental que la industria ha generado en su territorio (González, 2017).

El acompañamiento emocional y el seguimiento jurídico y político que requiere la lucha por la liberación de los familiares presos, criminalizados y a veces desaparecidos o asesinados por su implicación con los procesos de defensa territorial, es otra de las actividades que se suma a la larga lista de trabajos y que generalmente son poco visibles. Un ejemplo de esto, es la lucha de las mujeres del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) por la liberación de 35 de sus familiares, quienes fueron injustamente encarcelados y torturados en junio de 2018. Esta situación las ha hecho asumir jornadas de hasta tres turnos de trabajo para sostener a sus familias y cubrir los gastos legales y de los traslados al Penal de las Cruces en Acapulco donde los presos políticos se encuentran (Giménez, 2019).

Con todo lo anterior, se hace evidente que las comunidades están enfrentando una crisis de la reproducción social (Federici, 2013; Navarro, Linsalata, 2014), desatada por múltiples ataques contra las bases materiales y formas de subsistencia que garantizan su existencia, y que como se ha documentado ampliamente, las mujeres son afectadas de manera diferenciada y desigual (Salazar, Carvajal, 2017). Esto sucede, porque como diversas luchas ecofeministas han denunciado desde la década de los 70 hasta la actualidad, son las mujeres las que históricamente organizan las economías de sustento, la mayoría de las veces sin acceso a un ingreso y porque están situadas en la primera línea de defensa de la vida, por su relación más próxima a los medios de subsistencia (Mellor, 2000, Shiva, 2004).

En relación a esto, los feminismos indígenas y comunitarios en defensa de la vida en Centroamérica, hablan del cuerpo-territorio, para impulsar una propuesta que parte de reconocer el cuerpo propio, conectándolo y concibiéndolo como interdependiente al territorio que se habita (Cabnal, 2010; Colectivo Miradas Críticas, 2017). En este proceso, las mujeres no sólo han ido identificando los despojos, explotaciones y afectaciones al territorio- tierra del que son parte, sino también aquellas lógicas de dominio sobre sus propios cuerpos en su dimensión física, emocional y espiritual, encontrando que nada está separado. El cuerpo no está aislado o deambulando en el vacío, sino que está situado e interconectado con la trama de la vida. De este modo, se entiende que la defensa de la vida es también una lucha por cuidar, sanar, recuperar y reapropiarse del cuerpo- territorio, al tiempo que se reconocen las batallas y las marcas del hecho colonial, pero también del patriarcado y el capitalismo.

En diálogo con otras experiencias de lucha contra el extractivismo en México, podemos ver que las mujeres están poniendo en juego una expresividad sensible 8 para sacar la voz y nombrar los dolores, las violencias, los temores, las enfermedades, hacer conciencia de las afectaciones y marcas en el cuerpo que, al mismo tiempo pueden relacionarse y reconocerse en continuidad con las del territorio ecosistémico que se habita. Para aproximarse a esta cuestión, Poma y Gravante hablan del trabajo emocional que las colectividades cotidianamente realizan para manejar sus propias emociones, en aras de conservar el grupo y realizar las tareas necesarias para sostener a la organización (Poma, Gravante, 2015). El Colectivo Situaciones, por su parte, propone la noción de politizar la tristeza, para pensar los modos en los que las colectividades comparten sus emociones para combatir la tristeza política (Colectivo Situaciones, 2007).  

 

Ante las afectaciones de la violencia extractivista, algunos procesos comunitarios han comenzado a problematizar y a hacerse cargo de su cuidado emocional, espiritual, físico e incluso de su seguridad digital. 9 En los últimos años, es notorio que los espacios de encuentro y articulación de luchas contra el extractivismo han ido recuperando ritualidades ancestrales y generando una suerte de mística que cultiva una experiencia espiritual colectiva de conexión holística con la lucha por la defensa de la vida.
 

Asimismo se han creado espacios de mujeres para impulsar procesos de cuidado colectivo (Carvajal, 2016), como es el caso de la Casa Serena, un espacio de descanso y sanación para defensoras y activistas integrantes de las redes y articulaciones nacionales en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, como parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos humanos (Consorcio Oaxaca, 2016).

Lo que queda claro es que afrontar los impactos de la violencia del complejo capitalista-patriarcal-colonial actuales, va haciendo insostenible una política que se separa de las cuestiones vitales, como la salud, el cuerpo, los afectos, los cuidados. Esta politicidad ligada a la vida y a su cuidado, históricamente ha estado más vinculada a las mujeres porque, como sostiene Almudena Hernando, ante la histórica separación entre razón y emoción, -eje del orden patriarcal-, las mujeres se fueron especializando, a diferencia de los hombres, en el sostenimiento de los vínculos de la comunidad y en el trabajo emocional, como mecanismo de seguridad imprescindible para la conservación del grupo (Hernando, 2012).

De modo que hablar de la producción de protagonismos femeninos en las luchas en defensa de la vida, está relacionado con reconocer las múltiples e intensivas luchas que las mujeres están librando, tanto en los tiempos ordinarios y extraordinarios de la existencia, para garantizar la reproducción de la vida: alimentando, calculando, cocinando, comunicando, cosechando, criando, cuidando, curando, informando, organizando, platicando, reparando, sanando o sembrando una existencia que se sabe frágil y al mismo tiempo interdependiente. Pero también llamo la atención sobre las formas renovadas que están adquiriendo dichos protagonismos: tomar la palabra en una asamblea, dar una entrevista a algún medio de comunicación, asumir tareas organizativas o intervenir de manera inédita en espacios que tradicionalmente no habían habitado, poner el cuerpo ante la amenaza inminente de las máquinas, e impidiendo la llegada del personal corporativo o estatal, extraño a la comunidad. Las imágenes de las mujeres zapatistas de Chenalhó en Chiapas saliendo a detener el avance del ejército mexicano sobre sus comunidades en 1998 y, las mujeres de Cherán en 2011, que organizaron el levantamiento de sus comunidades, cansadas de las extorsiones, secuestros y asesinatos en manos del crimen organizado y los talamontes, son muestras de ello.

Cabe señalar que mi apuesta analítica de dar visibilidad y reconocer el carácter imprescindible del trabajo de las mujeres en la autoreproducción de la lucha, término que Cristina Vega (2019) nos propone para pensar la reproducción de la vida como un asunto político y en el que la trama en cuestión trata de hacerse cargo, no busca reforzar una ética reaccionaria del cuidado, ni profundizar los términos de la división sexual del trabajo capitalista-patriarcal y colonial. A este respecto, Amaia Pérez nos advierte que la lógica de sostenibilidad de la vida se pervierte en una ética reaccionaria del cuidado, cuando se parte de imponer a las mujeres la responsabilidad de sacar adelante la vida (Pérez, 2014).

En todo caso me pregunto si el antagonismo social que en distintos territorios se está desplegando contra la violencia extractivista, está alterando los términos tradicionales de relacionamiento al interior de las tramas comunitarias. En diálogo con el trabajo del Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo (2019), hemos visto que pueden abrirse horizontes de des-patriarcalización para alcanzar nuevas formas de relación en las que las intervenciones de las mujeres sean reconocidas y reorganizadas, y como plantea Raquel Gutiérrez (2018), se generen renovados equilibrios comunitarios. Pero también sabemos que pueden actualizarse procesos de re-patriarcalización de los territorios, a partir del entrelazamiento de las distintas violencias que garantizan el ciclo de expansión capitalista (Cruz, 2019), lo que incluye la afirmación de pactos y reacciones violentas de los hombres que, sienten cuestionada su autoridad y pretenden un regreso a la “normalidad” que brindaba el orden anterior.

A modo de cierre:

Como hemos visto, el avance de los regímenes extractivistas y las violencias del complejo capitalista, patriarcal y colonial afectan de manera desigual y diferenciada las vidas y cuerpos de las mujeres. Queda pendiente seguir analizando cómo estas violencias están profundizando y lanzando procesos de re-patriarcalización a partir de actualizar formas previas de dominación y explotación contra las mujeres, e inhibiendo o desactivando su protagonismo y participación en las decisiones relacionadas con la vida en sus territorios.

Lo cierto es que en medio de esta crisis de la reproducción, las mujeres vienen organizando una serie de estrategias y esfuerzos para defender sus territorios y tramas comunitarias. En ese sentido, la apuesta por pensar la producción de protagonismos femeninos en las luchas socioecológicas, en contextos de antagonismo social, está relacionada con reconocer el carácter renovado y actualizado de las múltiples e intensivas luchas que las mujeres están librando. Autoreproducir la lucha, desde estos protagonismos femeninos, está implicando cultivar una política ligada a la vida y poner en juego las capacidades políticas, espirituales, físicas y emocionales que se tienen, para reconstruir los términos de la interdependencia y disputar las condiciones que hagan posible una vida digna en sus ecosistemas.

NOTAS:

1 Este texto, con algunos cambios, ha sido publicado en la Revista Trabalho Necessário de la Universidade Federal Fluminense – UFF.

2 Comunidad de trabajo y espacio permanente de investigación que tiene sede en el Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en la ciudad de Puebla, México.

3 En particular agradezco a Carolina Márquez, Raquel Gutiérrez, Lucia Linsalata, Ana Laura Suárez, Emanuela Borzacchiello y Natalia De Marinis por su colaboración en la construcción de este encuentro. 

4 El consenso de los Commodities, del 2003 al 2015 aproximadamente, se basa en la exportación a gran escala de bienes primarios, el crecimiento económico y la expansión del consumo, en el contexto en el que las economías latinoamericanas fueron favorecidas por los altos precios internacionales de los productos primarios (commodities), todo lo cual se vio reflejado en las balanzas comerciales y el superávit fiscal (Svampa/ Terán, 2018).

5 La naturaleza, como concepto occidental que busca englobar todo aquello que no es humano, aquí lo entendemos como todas las energías, fuerzas y trabajos humanos y no humanos.

6 En México, dos casos emblemáticos de este contenido contrainsurgente, han sido el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres tlapanecas violadas por efectivos del ejército mexicano en 2002 y el de las mujeres de Atenco que fueron violadas y torturadas sexualmente durante la represión en dicho lugar en 2006. Ambos casos han sido presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Hernández, 2015: 81- 82, Mendoza Galán,  2016).

7 En un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), se señala que en lo que va del siglo se cuadriplicó o creció en 406 por ciento el número de mujeres con derechos agrarios, es decir, que legalmente son dueñas de las tierras que trabajan, sea como ejidatarias o propietarias privadas, al pasar de 458 mil 652 en 2001 a un millón 865 mil 55 en 2017, de las cuales más de la mitad se ubican en los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Puebla y estado de México. Ver: González, Susana "Mujeres del campo trabajan más y reciben menor pago que hombres: FAO" (La Jornada, 2019).

8 Esta noción se inspira y dialoga muy cercanamente con el trabajo que Ana Suárez ha venido desarrollando para pensar la dimensión sensible de lo político (Suárez, 2018).

9 En el rubro de la seguridad digital destaca el trabajo de la organización de Técnicas Rudas para acompañar a muy diversas colectividades en el diseño e implementación de sus propias estrategias de seguridad digital. Ver: https://www.tecnicasrudas.org/

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