Las compañeras del Grupo Regional de Género y Extractivas nos envían este pronunciamiento difundido el 28 de mayo 2020.
Reunidas en el Primer Encuentro del Grupo Regional de Género y Extractivas y en el contexto de la actual pandemia, mujeres y defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente de América Latina y el Caribe dialogamos sobre lo que sucede en nuestros países a causa de las actividades extractivas en nuestros territorios y la criminalización que vivimos como mujeres defensoras.
Vemos que nuestros gobiernos continúan asumiendo el extractivismo como camino para el crecimiento económico. Permiten la operación de proyectos que dicen llevarán "beneficios y desarrollo" a nuestros hogares, pero ello no ocurre. Donde nosotras vemos montañas, ellos ven oro y minerales valiosos; donde vemos milpas o chacras, ellos ven petróleo o presas; donde sentimos el sol y el viento, ellos ven negocios de energía eléctrica; en nuestros ríos, lagos y bosques, ellos ven ganancias. Hoy, los impactos de esta lógica
de extracción intensiva no sólo se hacen evidentes en nuestros territorios con largas sequías, lluvias torrenciales que nos inundan y continuos incendios forestales; también vulneran nuestro derecho a la salud y a la vida. Ante ello y en el contexto de la crisis sanitaria mundial por la COVID-19, demandamos y exigimos a los Estados, empresas, instituciones financieras y a la sociedad en su conjunto:
1. Cesar la promoción y operación de actividades extractivas y la implementación de mega proyectos en nuestros territorios, porque además del despojo y destrucción que conllevan, son altos focos de contagio que ponen en riesgo nuestra vida y existencia como comunidades y pueblos originarios.
2. Incorporar la perspectiva de género en todas las medidas de prevención, atención y recuperación que se tomen para enfrentar la actual crisis. De forma particular, poner énfasis en reforzar las acciones de atención por violencia de género que viven, día a día, las mujeres en nuestras comunidades.
3. Garantizar la participación y representación de las mujeres en los espacios de toma de decisión en condiciones de equidad e igualdad con los hombres, a fin de incluir nuestras necesidades, particularmente en la atención de la actual pandemia, entre ellas, el aseguramiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, y el acceso y titularidad a la tierra.
4. Detener la criminalización, hostigamiento y todas las formas de violencia que se ejercen contra las personas defensoras de la tierra, territorio y del medio ambiente. Asimismo, reforzar los mecanismos de protección a las y los defensores ante las nuevas amenazas y ataques, que se agravan en el contexto de la crisis por la COVID-19.
5. Garantizar la prestación de servicios con pertinencia cultural, particularmente en aquellas áreas donde habitan pueblos originarios. Ello involucra la ejecución de políticas y protocolos interculturales para la salud, educación y reactivación económica. Ello atiende, asimismo, a la erradicación de la discriminación en todas sus formas.
6. Proteger de forma integral los territorios ancestrales, colectivos y los bienes comunes (agua, viento, subsuelo); así como el derecho a la tierra y el territorio del cual somos parte.
7. Respetar las formas comunitarias de los pueblos en la gobernanza y toma de decisiones sobre los bienes comunes. Asimismo, respetar la autonomía y la libre determinación de nuestros pueblos para decidir nuestras formas de vida y que los derechos como la consulta previa y el consentimiento, libre e informado dejen de ser usados por el Estado y las empresas para validar megaproyectos de despojo en nuestros territorios.
8. Reconocer el valor y la contribución económica, política y social del trabajo de las mujeres, visibilizando las múltiples labores que siempre realizamos y que se hacen más visibles en el contexto de la COVID-19: productivas, reproductivas, domésticas y de cuidados, y comunitarias, mismas que son fundamentales para el sostenimiento de las luchas. Vemos necesario promover y garantizar la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados entre las y los integrantes de la familia, así como la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la comunidad para evitar el desgaste físico y emocional de las mujeres. Es necesario, asimismo, romper con los roles tradicionales que asumen que el lugar de las
mujeres es el hogar y el de los hombres los negocios y la política.
9. Visibilizar y fomentar iniciativas económicas lideradas por mujeres, como una opción alternativa de desarrollo y protección del territorio desde la mirada de la economía sostenible-indígena. El Estado debe garantizar leyes, políticas y programas que promuevan el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres.
10. Diseñar, planificar, implementar y monitorear los planes y programas para enfrentar o adaptarse al cambio climático con la efectiva participación de los pueblos indígenas, particularmente de las mujeres.
11. Reconocer como instrumentos de gestión los planes de vida de las comunidades que incluyan las propuestas y necesidades de las mujeres. En ese marco, se deben implementar y garantizar, con presupuesto específico, mecanismos efectivos de participación e información, con perspectiva de género, previos y durante las etapas de planificación y decisión en políticas, planes, programas y proyectos de inversión (en concesiones y evaluaciones ambientales) en todos los niveles de gobierno, espacios internacionales y en procesos llevados a cabo por instituciones financieras internacionales.
12. Garantizar el acceso a la información y fiscalizar a las instituciones que operan y ejecutan políticas de salud pública -de manera regular y en el marco de la emergencia sanitaria-, a través de sistemas de monitoreo y control ciudadano con perspectiva de género.
13. Visibilizar y difundir las iniciativas y buenas prácticas a nivel local, nacional e internacional para potenciar la participación política de las defensoras (como los programas de personas defensoras, redes de comunicadoras indígenas, iniciativas de transparencia extractiva – EITI, entre otras).
14. Garantizar y fiscalizar la implementación efectiva de instrumentos internacionales que respaldan nuestra lucha como defensoras del ambiente, como el Acuerdo de Escazú y la jurisprudencia en derechos colectivos indígenas.
Como organizaciones miembro del Grupo Regional de Género y Extractivas y mujeres de distintos pueblos originarios y comunidades reafirmamos nuestro compromiso con la vida, con nuestras tierras y territorios, en un marco de igualdad y justicia.
¡Juntas somos más fuertes!